• Cúpula Empresarial pide a Laura Chinchilla una silla permanente en dicho consejo presidencial
• Sector privado señala que una de las labores de dicho consejo es realizar un inventario pormenorizado de los trámites que se piden por sector y evaluar su utilidad práctica
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) señala que el Consejo Presidencial de Competitividad debe tener presencia del sector privado por lo que le está pidiendo a la Señora Presidenta un espacio permanente en dicho foro.
En la agenda de desarrollo, elaborada por UCCAEP y presentada en febrero pasado a la Presidenta, se señala como uno de los puntos fundamentales la creación de dicho consejo con representantes del sector público y privado, estos últimos nombrados por UCCAEP.
“Como sector privado pedimos estar de manera permanente en el Consejo de Competitividad que se instalará mañana en Casa Presidencial, pues los empresarios somos los que tenemos que estar lidiando con la tramitología, la cual es una limitante para el desarrollo del país”, comentó Manuel H. Rodríguez, presidente de UCCAEP.
El líder empresarial recordó que en la agenda de desarrollo entregada a la Presidente Chinchilla se señala que una de las labores del Consejo de Competitividad debe realizar un inventario pormenorizado de los trámites que se piden por sector y evaluar su utilidad práctica, así como el costo en tiempo y dinero de su cumplimiento y vigilancia.
“Los trámites o requisitos deben ser de fácil cumplimiento para no generar un incentivo perverso a la informalidad. Si los procedimientos son engorrosos, los formularios no son claros y los lineamientos a seguir son ambiguos, el incentivo para cumplir es nulo y con ello se promueve la informalidad”, comentó Rodríguez.
El sector empresarial reconoce que la regulación es una función básica del Estado, pero considera que ésta no debe obstruir o entorpecer innecesariamente la actividad productiva. En este sentido, es fundamental mejorar y modernizar las regulaciones administrativas para la protección de la seguridad, la conservación del medio ambiente y el aseguramiento de estándares de calidad, a fin de procurar un equilibrio razonable entre la protección del interés público y la facilitación de la producción.